La senadora por la provincia de Zaragoza, Ana Isabel Villar, alcaldesa de Villalengua, destaca que el despliegue de estas redes en el entorno rural es muy necesario
El Senado aprobaba ayer la Ley de Telecomunicaciones que obligará a las compañías a ofrecer un servicio universal de 100 Mbps como mínimo en todo el territorio a precios asequibles. Se trata de una de las mejoras que, vía enmienda, se han incorporado en la Cámara Alta y que han permitido ensanchar el consenso alcanzado por la norma en el Congreso.
Con 221 votos a favor, y sólo 2 en contra y 38 abstenciones, la cámara incorpora además de la obligación de tarifas máximas para servicios digitales básicos en todo el territorio, medidas de protección a los usuarios, especialmente las personas con diversidad sensorial, y regula la posibilidad de envíos masivos de mensajes de alerta a toda la población desde el 112.
El sector de las telecomunicaciones es uno de los más dinámicos y que más pueden contribuir al crecimiento, la productividad y el empleo y, por tanto, al bienestar social. La senadora por Tenerife y ponente socialista en esta ley Olivia Delgado ha explicado que la nueva norma "crea un marco que fomenta la inversión de los operadores para el despliegue de redes de muy alta capacidad".
"Estamos aquí para ampliar los derechos de las personas", ha indicado Delgado, "la propuesta de la universalización del acceso a internet a una velocidad mínima de 100 Mbps pretende acabar de una vez por todas con las brechas digitales, para que las personas, vivan donde vivan, puedan acceder al teletrabajo, la telemedicina o la enseñanza online: este es un Gobierno que cumple".
En una sociedad donde está habiendo una rápida evolución al mundo digital, es también necesario mejorar la protección de las usuarias y usuarios, y actualizar el servicio universal para que nadie quede excluido. Delgado ha recordado además que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno prevé una inversión de 4.000 millones de euros para lograr la universalización total de la conectividad, así como para impulsar medidas de ciberseguridad y la implantación de redes 5G en todo el territorio. Con esta ley, se fija el marco para lograr esos objetivos.
La ley mejora también el derecho a la portabilidad, así como el desbloqueo de tarjeta móvil y la posibilidad de conservar saldo prepago o de mantener el número de teléfono una vez haya finalizado el contrato. Se regulan por fin los tan consumidos paquetes de servicios, y la accesibilidad de contratos y servicios para eliminar las brechas que afectan a personas con diversidad sensorial.
Aprendizajes de la pandemia
Entre otros servicios, se fortalece la protección de la población a través del teléfono europeo de Emergencias. Tras la pandemia, se habían detectado necesidades como la de dirigirse a la población de forma rápida y efectiva, por lo que en esta ley se establece la posibilidad de enviar mensajes masivos de alerta a través del 112.
Por su parte, la senadora por Zaragoza Ana Isabel Villar, también ponente, que ha intervenido en el turno de enmiendas, ha insistido en que las telecomunicaciones son un factor transversal de la productividad y del crecimiento, y son imprescindibles para conseguir la transformación digital. A su juicio, con esta ley "se introducen mejoras tanto en fibra óptica como en 5G, que contribuirán a reducir la brecha digital y a combatir la despoblación".
España ha alcanzado una cobertura de fibra óptica del 95,2%, muy por encima de la media de la UE, según Villar, para quien esta ley es un paso más en esa dirección. "El despliegue de estas redes en el entorno rural es muy necesario", ha indicado, "va a ser palanca de la vertebración territorial y la fijación de población, particularmente en los territorios dispersos y de orografía complicada", donde además "resulta imprescindible para un adecuado desarrollo económico y fomentar la creación de empleo".
La ley sale del Senado enriquecida vía enmiendas con aportaciones de distintos grupos y con un apoyo más amplio que el recogido en el Congreso. Allí, la ley mereció el apoyo del 74,57% de los votos, mientras que ayer, en la Cámara Alta, ha recabado un 85,67% de los senadores y senadoras. Olivia Delgado ha agradecido el trabajo de todos porque así logramos "la mejor ley posible con el mayor consenso para garantizar su aplicación y su permanencia".
