El paciente estaba ingresado en el hospital de Calatayud tras pasar por el Centro de Salud
El Gobierno de Aragón ha acordado indemnizar con 190.000 euros a la familia de Don J.C.V.V., un paciente de 58 años residente en Zaragoza, que falleció tras no recibir la atención adecuada a pesar de presentar signos evidentes de ictus.
Los hechos
El 9 de diciembre de 2023, Don J.C.V.V. acudió al Servicio de Urgencias del Centro de Salud de Calatayud con una presión arterial de 210/110 mmHg, donde se le administró tratamiento. Al día siguiente, regresó al mismo centro presentando inestabilidad en la marcha, disartria, diplopía y tensión elevada. Ante estos síntomas, el médico de Urgencias activó el "código ictus" y solicitó una ambulancia para su traslado al Hospital Ernest Lluch de Calatayud, acompañado por un facultativo debido a la gravedad del caso.
En dicho hospital, se le realizó un TAC que reveló la presencia de un aneurisma cerebral y un trombo. Se informó al Hospital Miguel Servet de Zaragoza, desde donde indicaron que el paciente fuera dejado en observación.
Durante la madrugada del 11 de diciembre, el estado de Don J.C.V.V. empeoró notablemente, hasta el punto de no poder expresarse ni comunicarse. Su esposa alertó a la enfermera, quien avisó al médico de urgencias. Sin embargo, este consideró que el estado del paciente no era urgente y postergó nuevas pruebas hasta la mañana del día siguiente.
Por la mañana al día siguiente se repitió TAC, la neuróloga del hospital reaccionó con urgencia y solicitó su traslado inmediato al Hospital Miguel Servet, donde ingresó en la Unidad de Ictus a las 11:00 horas. La familia fue informada de que había sufrido un ictus grave durante la madrugada y su estado era crítico. Fue trasladado a la UCI, pero no logró superar la afección y falleció el 3 de febrero de 2024.
Tras la tragedia, la familia acudió al abogado Ricardo Agóiz, de la Asociación 'El Defensor del Paciente', quien presentó una reclamación de responsabilidad sanitaria ante el Gobierno de Aragón. Finalmente, se llegó a un acuerdo con la aseguradora del Gobierno autonómico, que ha indemnizado a la familia con 190.000 euros.
La defensa del caso ha sido llevada a cabo por el letrado Ricardo Agóiz, especialista en Derecho Sanitario y adscrito a los Servicios Jurídicos de la mencionada asociación.
