Un centenar de personas se han concentrado frente a las obras del trasvase para protestar contra una obra que acumula cuatro sentencias judiciales en su contra por incumplir la normativa española y europea
Representantes de distintas asociaciones de varios pueblos de la cuenca del Jalón entre Calatayud y Ricla se han concentrado hoy junto a las obras del trasvase del Jalón al río Grío, obra con la que se quiere derivar agua de este río al embalse de Mularroya. Alrededor de cien personas se desplazaron hasta Paracuellos de la Ribera, en donde comprobaron el modo en el que se ha arrasado una gran superficie de montes y fincas, se han alterado varios cauces de agua y han creado varias balsas de decantación.
La concentración se produjo como continuación de las reuniones que diversas organizaciones de afectados vienen realizando en los últimos meses para coordinar acciones en contra del embalse de Mularroya y el trasvase del río Jalón. Los afectados, en su gran mayoría asociaciones locales de los municipios de la cuenca del Jalón, denunciaron cómo el Gobierno de España y particularmente el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico utiliza un doble rasero en la aplicación de la directiva europea del Agua, dependiendo de sus intereses políticos. Por este motivo, explicaron que están estudiando el modo de trasladar esta cuestión a instancias europeas.
En la concentración se puso de manifiesto que mientras en Doñana se ha paralizado una iniciativa que todavía no ha pasado del papel, en el proyecto de Mularroya y el trasvase del Jalón se han dilapidado alrededor de 150 millones de euros públicos y se ha retorcido el derecho para aplastar los derechos de una minoría de la España Vaciada en favor de los intereses políticos y económicos de grandes empresas y terratenientes. Y todo ello pese a las 4 sentencias judiciales (incluso del Tribunal Supremo) que han dado la razón al río y a los pueblos que viven en armonía con él desde hace siglos.
Las organizaciones convocantes recordaron que, en este momento, el embalse de Mularroya, fruto de una irresponsable política de hechos consumados, se encuentra próximo a su finalización y se ha arrasado con un destacado espacio natural. Pese a las sentencias judiciales, las obras han continuado su marcha, lo que supone un atropello contra los derechos de los habitantes del medio rural, contra el medio ambiente y contra toda lógica. Sin embargo, existe margen para salvar el río Jalón, sobre el que está proyectado otro embalse en el término municipal de Calatayud para almacenar el agua que después se trasvasaría a Mularroya.
Una vez terminado el complejo, los vecinos aguas abajo del punto del trasvase verían reducido su caudal de manera extraordinaria, lo que pone en peligro la agricultura tradicional y hasta la vida misma de los pueblos de una de las zonas que más sufre la despoblación en la provincia de Zaragoza. Los vecinos del Jalón aguas arriba (prácticamente toda la comarca de la Comunidad de Calatayud) se verán afectados puesto que el uso prioritario del agua pasará a ser el llenado del embalse de Mularroya y el embalse de La Tranquera pasará a tener un uso subsidiario, de acuerdo con lo que se indica en el proyecto.
El movimiento contra el trasvase del río Jalón se articula en torno a la plataforma Jalón Vivo y cuenta con el respaldo de numerosas organizaciones, entre las que se encuentran La Noguerilla (Embid de la Ribera), 87 razones y más (Comunidad de Calatayud), Sabinius Sabinianus (Sabiñan), Acapari (Paracuellos de la Ribera), La Sabina (Ricla), O Trinquete (Arándiga), la Plataforma Jalón Vivo, la Fundación Nueva Cultura del Agua y SEO/BirdLife.
En la actualidad, y después de 4 sentencias judiciales que anulaban el proyecto original de Mularroya y el trasvase del Jalón, está abierto un nuevo procedimiento judicial contra el nuevo proyecto modificado que se está ejecutando. Dada la lentitud del procedimiento, las organizaciones de afectados se encuentran estudiando nuevas acciones a desarrollar, así como nuevas vías jurídicas para denunciar el atropello de los derechos fundamentales de los vecinos del Jalón. La Comisión Europea parece que podría ser el camino más rápido para este atropello jurídico y ambiental.
